Teresa Martínez
Antigua, Guatemala / enviada
12 de Septiembre de 2008. La forma de vida de los pueblos indígenas que han vivido absolutamente aislados, lo cual debe ser respetado por completo de acuerdo a la legislación de Brasil, podría ser violentada radicalmente con la construcción de dos represas en el río Madeira, en la selva amazónica, denunció la Asociación de Defensa Etnoambiental Kanindé ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, que realiza su quinta audiencia pública de juzgamiento en Antigua, Guatemala. Leia a matéria completa
La Unión Federal de Brasil fue denunciada ante esta instancia de carácter ético y no vinculante por violar la Constitución Política, las leyes ambientales, indígenas y el Derecho Internacional Público al conceder la licencia de instalación de la presa hidroeléctrica Santo Antonio sin realizar las consultas públicas a los pueblos indígenas de la región, indicadas por la propia legislación federal.
Luis Carlos Maretto, ingeniero forestal y fundador de Kanindé, explicó al jurado del Tribunal, que el gobierno brasileño omitió realizar las consultas públicas legales correspondientes a los pueblos indígenas sobre la construcción de este embalse, que representará una amenaza para la salud de estas personas.
El ingeniero expresó su preocupación por los indígenas Jacareuba y Katauixi, entre otros, que se verían afectados por el funcionamiento del embalse que generará 3 mil 150 Megawatts y requerirá una inversión de nueve billones de dólares, cifra desproporcionada con el grave perjuicio ambiental y social que conlleva.
Rodrigo Siqueira Ferreira, asesor jurídico de Kanindé, precisó que aún no se conoce el número exacto de etnias indígenas aisladas que podrían ser contactadas debido a que no aún no han sido censadas ni delimitado su territorio, como determina la Política Indígena de Brasil. “Cuando se detectan pueblos aislados, los dejan vivir su vida”.
Un ejemplo del riesgo que este tipo de proyectos representa ocurrió en 1970, cuando las etnias Amondawa, Karipuna, Jupaú y Wari fueron contactadas cuando se construyó la presa hidroeléctrica Samuel, ubicada en el departamento de Rondonia.
En aquella ocasión los indígenas no sólo perdieron su forma de vida, sino que además se contagiaron de enfermedades para ellos desconocidas y mortales, como la gripe.
Rodrigo Siqueira explicó que los embalses Santo Antonio y Jirau, este último en fase previa a la autorización de instalación, forman parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y deben entrar en operación en 2012. Estos embalses también son parte del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), catalogado de altísima importancia para el gobierno federal del Brasil.
Aunque se estima que ambas represas llegarán a abastecer 8% de la demanda de energía de Brasil, el beneficio será únicamente para los grandes centros industriales, mientras que afectará a más de 500 familias y unos dos mil 500 pescadores, sin contar las familias indígenas que no han sido censadas.
Este proyecto no sólo es rechazado por la ciudadanía brasileña, sino también por el gobierno boliviano, país que comparte la cuenca del río Madeira, que apeló al principio de información previa, dada la cercanía de los proyectos Jirau y Santo Antonio de la frontera boliviana, a 84 y 190 kilómetros respectivamente, explicó Siqueira Ferreira.
Además pidió al TLA que asegure la participación activa de los pueblos; la suspensión de la licencia de instalación de la hidroeléctrica Santo Antonio; que se defina la situación de la población afectada previamente; así como exhortar al gobierno brasileño a que consulte con el Consejo de Defensa Nacional por la soberanía porque el río es fronterizo y transfronterizo.
Esta es la demanda número ocho que recibe el jurado del TLA, quien realiza su semana de audiencias en la ciudad de Antigua Guatemala. Hoy dará a conocer el veredicto de este caso y de nueve más presentados por personas afectadas en Guatemala, México, El Salvador y Panamá.
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